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El error metodológico de las agencias de calificación | ECFR Madrid

Categorized | Multilateralismo

El error metodológico de las agencias de calificación

Por Cristina Casabón 

Las agencias de calificación han jugado un papel muy importante a la hora de gestionar la crisis de la Eurozona, sus calificaciones son una especie de «sello de garantía» que los mercados financieros obedecen “a ciegas”. El problema es que, según ha quedado patente en los últimos años, las calificaciones que publican estas agencias no resultan fiables. En “Los errores de las agencias de calificación y la propuesta de regulación bancaria del Comité de Basilea”, publicado por Ángel Vilariño Sanz, Nuria Alonso Gallo y David Trillo del Pozo, se exponen los errores metodológicos de los sistemas de rating utilizados por las agencias de calificación. Desde ECFR le mostramos los puntos claves de este laborioso estudio:

Las agencias de calificación a menudo se han mostrado incapaces de formular juicios acertados sobre los países: no sólo fueron incapaces de prever la crisis estadounidense en julio de 2007, sino que tampoco pudieron predecir la crisis de la deuda soberana de la eurozona, pues no fue hasta diciembre de 2009, es decir, después de que Grecia reconociera haber mentido sobre la magnitud de su déficit público, cuando comenzó la sucesión de devaluaciones sobre el país. (Entonces, Grecia poseía una calificación de A).

¿Qué procedimiento utilizan las agencias de calificación?

Según explica Nuria Alonso, profesora de la Universidad rey Juan Carlos, las agencias de calificación, a la hora de calificar la solvencia de un país, realizan un primary analyst (primer análisis), -conocido como rating –, un juicio sobre  la solvencia y por lo tanto la capacidad del país para devolver los préstamos en un tiempo determinado y en una determinada divisa –en este caso el euro-, para lo cual se le atribuye una nota o calificación, que va desde la triple A, hasta la D, que es igual a quiebra. Tras este primer análisis se celebran un promedio de tres a cuatro días de reuniones en los que se entrevista al director del BCE y a miembros del gobierno del país en cuestión, tras lo cual se realizará un informe donde se realiza una “recomendación” sobre la calificación del país, y ésta es discutida ante un comité de calificación, que supone una especie de “tribunal” que debate el asunto antes de aprobar y emitir las conclusiones de ese informe. El país es informado 12 horas antes de la publicación de la nota, (puede emitir objeciones, pero éstas podrán ser ignoradas por el comité).

Cuando existe el anuncio de que bajará la nota de un país los tenedores de deuda pública realizan ventas que pueden generar una fuerte presión bajista sobre los precios, generando una situación propicia para las operaciones especulativas en el mercado secundario. Además, “Las agencias declinan cualquier responsabilidad sobre la veracidad de la información utilizada y no aceptan ningún compromiso en relación a la comprobación o auditoria de la información recibida” sostiene este informe.

La probabilidad de incumplimiento, una metodología errónea 

Se da tanta importancia a sus calificaciones que incluso los organismos oficiales las utilizan como referencia: por ejemplo, el BCE obliga a los bancos de la eurozona a que los títulos que mantienen en sus carteras sean triple A. Las deficiencias metodológicas de las que se las acusa, según este trabajo, aparecen en la medida en que “la evolución de la solvencia del emisor está sujeta a factores desconocidos y a la senda futura que seguirá las empresas o los gobiernos como resultado de la interacción entre el entorno y las decisiones tomadas por los dirigentes, sean empresariales o políticos”. Sin embargo, las agencias dejan de lado factores externos y se centran en la probabilidad de incumplimiento, y “la probabilidad es un concepto cargado de subjetividad dado que difícilmente es posible realizar experimentos controlados, con pruebas repetidas y dentro de un necesario y riguroso control experimental, sin el cual los datos utilizados están muy lejos de los criterios determinados por la teoría estadística.” Ángel Vilariño lo explica resumidamente con una pregunta: ¿Cómo conocemos la probabilidad de incumplimiento de una entidad que nunca ha incumplido?

No obstante, los errores no sólo afectan a la metodología, sino que lo más relevante, a juicio de los autores, es que es imposible elaborar calificaciones con tan alto grado de precisión a partir del análisis de las frecuencias de incumplimiento: “no existe evidencia suficiente para discriminar entre grados próximos y debería abandonar la pretensión de intentar encajar a los emisores en una malla tan fina, con tantos grados. Esto hace que la distinción que se quiere hacer entre los soberanos entre, por ejemplo, los grados AAA, AA+, AA y AA tiene poco sentido, desde el punto de vista de la verosimilitud del incumplimiento” – Otra cuestión sería la validez de los criterios establecidos para definir los grados, es decir, cuáles son las variables que determinan la pertenencia de un emisor a un grado o a otro-.

En el documento se muestran las numerosas inconsistencias detectadas a partir del análisis de distintos casos, que pueden resumirse en que en numerosas ocasiones la frecuencia de incumplimiento de un grupo de grados es la misma (que puede alcanzar hasta 8 grados, de AAA a BBB+) y que la frecuencia de incumplimiento de grados más bajos es menor que la de grados más altos (en algunas ocasiones con varios niveles de distancia). Además, se constata que la frecuencia de incumplimiento de los emisores soberanos es muy distinta a la de los corporativos cuando se supone que las escalas de clasificación son homogéneas.

Las agencias han sido a menudo demandadas por los errores de sus “juicios”, y se han acogido a la libertad de expresión (sus empleados figuran como periodistas, comenta Ángel Vilariño). No se caen porque el sistema las ha hecho imprescindibles y hasta la fecha no hay otro sistema de medición u organismo capaz de emitir un juicio más acertado.

 

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